Lo
he dicho más de una vez: sigo con fidelidad inquebrantable la
correspondencia de los lectores que aparece en nuestros diarios. A veces
soslayo los titulares de primera plana para acudir a esas misivas, que
llegan de todas partes...
Lo he dicho más de una vez: sigo con
fidelidad inquebrantable la correspondencia de los lectores que aparece
en nuestros diarios. A veces soslayo los titulares de primera plana para
acudir a esas misivas, que llegan de todas partes. Tengo conciencia
plena de estar ante la expresión minúscula de una realidad más compleja.
Está fuera de mi alcance ofrecer soluciones a los problemas puntuales
que allí se plantean. Sin embargo, el muestrario me invita a compartir
algunas reflexiones de orden general.
La lógica indica que el reducidísimo espacio de nuestros periódicos impone una selección del material recibido. Pero la más elemental aplicación del sentido común sugiere otro ángulo de la cuestión. Quienes se deciden a formular una denuncia pública y responsable, representan al sector más batallador de la sociedad, confiado en la vía institucional para la solución de los asuntos más acuciantes. Reclaman lo suyo, pero al hacerlo se convierten en portadores de las inquietudes de muchos otros. Aunque no se lo propongan de manera consciente, su gesto tiene implicaciones solidarias.
Más allá de contextos y situaciones específicos, la lectura sistemática de los mensajes revela la existencia de problemas comunes, generalizables al conjunto del país. Por ese motivo, las respuestas, muchas veces formales, no satisfacen al lector común, porque la naturaleza de los asuntos requiere la aplicación de políticas. Un breve resumen, carente de una base de investigación científica, me lleva a señalar algunos rasgos comunes. Los casos de adulteración de productos y precios, tanto como determinadas indisciplinas en la transportación, se remiten a la incorporación a nuestro vivir cotidiano de manifestaciones de soborno y corrupción, lesivas a la satisfacción de necesidades básicas del ciudadano y al sistema de valores preconizado por nuestra sociedad. Con frecuencia preocupante, aparecen manifestaciones de desidia ante problemas con graves consecuencias en la preservación de la higiene en nuestras ciudades. Se trata, nada menos, de graves atentados contra la salud, en contradicción con nuestros principios y con las costosas inversiones que llevamos a cabo para la prevención de enfermedades y epidemias, no todas ellas derivadas de la acción de los mosquitos.
Padecimiento de larga data, con el que casi todos hemos tropezado alguna vez, la pesadilla de las tramitaciones burocráticas parece no tener coto. En este caso, no nos encontramos ante limitaciones de recursos materiales, sino con un ámbito en que la subjetividad desempeña un papel decisivo, puede rozar con la tentación del soborno e implica con frecuencia falta de compromiso con la responsabilidad que corresponde al funcionario.
Las conductas de este tipo son inadmisibles. Tienen que constituir motivo de escándalo y repulsa. No pueden incorporarse al vivir cotidiano de manera tan natural y previsible como la amanecida de una nueva jornada. Vulneran los fundamentos de nuestro proyecto social, solidario por naturaleza y necesidad, lo que se traduce en el plano de lo concreto y tangible en la capacidad de colocarse en el sitio de ese otro, apremiado por problemas acuciantes, condenado a un largo y sudoroso peregrinar para realizar trámites y en el de aquellos otros que se desplazan en función de cumplir tareas de servicios imprescindibles para todos. La sociedad es una nave en la que los remos han de moverse a la misma vez, donde la armonía es fuente de bienestar.
Estamos en presencia de subjetividades que se convierten en factores objetivos que frenan el impulso necesario al proceso transformador de la sociedad y para la solución de problemas de orden económico, porque la desidia, la mala administración, el despilfarro y el incumplimiento de los planes lesionan las actitudes de los seres humanos que impulsan la carreta, con sus manos y pensamientos.
La presión social y difusión periodística contribuyen a colocar los valores en el sitio que les corresponde. El efecto concientizador requiere también el adecuado ejercicio de la autoridad, basado en la intolerancia con lo mal hecho, en el respeto a las normas y leyes establecidas, así como en la respuesta rápida a los reclamos del demandante. Urge también, a la luz de los cambios, eliminar trámites supervivientes de etapas precedentes. Suprimir plantas parasitarias, limpiar el terreno y cerrar las vías al actuar disolvente de quienes eluden el cabal cumplimiento de sus obligaciones.
Presión social y estricta obediencia de la ley han de articularse y andar juntas con el propósito de involucrar a los ciudadanos en la defensa de principios de beneficio común. El puente tendido entre ambas fortalece la imprescindible interdependencia entre control institucional y social.
Para sobrevivir, nuestra especie tuvo la necesidad de agruparse. Las costumbres se hicieron normas de conductas. Con el transcurso del tiempo, las necesidades se multiplicaron. El cuerpo social más complejo demandó la instauración de leyes.
Los griegos dieron nombre al arte y la ciencia de gobernar. Lo llamaron política. Con el andar de los siglos, arribamos a una contemporaneidad que entrelaza nuestro quehacer cotidiano con las grandes conmociones planetarias. Consecuencia de ese proceso, la palabra política ha extendido su alcance y sus significados. Concierne a los conflictos derivados de la imposición de un poder hegemónico y a aquellos otros, aparentemente de menor cuantía, que perturban la existencia del ciudadano común. Estos últimos no pueden minimizarse. Socavan la confianza en la vía institucional y, más grave aún, vulneran la razón de ser de un proyecto social orientado a la conquista de espacios crecientes de justicia.
Porque llega a tocar zonas sensibles de nuestra existencia concreta, la política concierne a todos. Importa entender el diseño de las estrategias y los conceptos que las animan. Interesa saber la marcha de los acontecimientos que habrán de repercutir en nosotros. Para no caer en abstracciones, las ideas generales toman cuerpo en el barrio, en la escuela, en la guagua, en la oficina de trámites. Desde el actuar en la base, se edifica el compromiso con el proyecto grande, la batalla por el mejoramiento de la que todos hemos de sentirnos partícipes.
(Tomado de Juventud Rebelde)
La lógica indica que el reducidísimo espacio de nuestros periódicos impone una selección del material recibido. Pero la más elemental aplicación del sentido común sugiere otro ángulo de la cuestión. Quienes se deciden a formular una denuncia pública y responsable, representan al sector más batallador de la sociedad, confiado en la vía institucional para la solución de los asuntos más acuciantes. Reclaman lo suyo, pero al hacerlo se convierten en portadores de las inquietudes de muchos otros. Aunque no se lo propongan de manera consciente, su gesto tiene implicaciones solidarias.
Más allá de contextos y situaciones específicos, la lectura sistemática de los mensajes revela la existencia de problemas comunes, generalizables al conjunto del país. Por ese motivo, las respuestas, muchas veces formales, no satisfacen al lector común, porque la naturaleza de los asuntos requiere la aplicación de políticas. Un breve resumen, carente de una base de investigación científica, me lleva a señalar algunos rasgos comunes. Los casos de adulteración de productos y precios, tanto como determinadas indisciplinas en la transportación, se remiten a la incorporación a nuestro vivir cotidiano de manifestaciones de soborno y corrupción, lesivas a la satisfacción de necesidades básicas del ciudadano y al sistema de valores preconizado por nuestra sociedad. Con frecuencia preocupante, aparecen manifestaciones de desidia ante problemas con graves consecuencias en la preservación de la higiene en nuestras ciudades. Se trata, nada menos, de graves atentados contra la salud, en contradicción con nuestros principios y con las costosas inversiones que llevamos a cabo para la prevención de enfermedades y epidemias, no todas ellas derivadas de la acción de los mosquitos.
Padecimiento de larga data, con el que casi todos hemos tropezado alguna vez, la pesadilla de las tramitaciones burocráticas parece no tener coto. En este caso, no nos encontramos ante limitaciones de recursos materiales, sino con un ámbito en que la subjetividad desempeña un papel decisivo, puede rozar con la tentación del soborno e implica con frecuencia falta de compromiso con la responsabilidad que corresponde al funcionario.
Las conductas de este tipo son inadmisibles. Tienen que constituir motivo de escándalo y repulsa. No pueden incorporarse al vivir cotidiano de manera tan natural y previsible como la amanecida de una nueva jornada. Vulneran los fundamentos de nuestro proyecto social, solidario por naturaleza y necesidad, lo que se traduce en el plano de lo concreto y tangible en la capacidad de colocarse en el sitio de ese otro, apremiado por problemas acuciantes, condenado a un largo y sudoroso peregrinar para realizar trámites y en el de aquellos otros que se desplazan en función de cumplir tareas de servicios imprescindibles para todos. La sociedad es una nave en la que los remos han de moverse a la misma vez, donde la armonía es fuente de bienestar.
Estamos en presencia de subjetividades que se convierten en factores objetivos que frenan el impulso necesario al proceso transformador de la sociedad y para la solución de problemas de orden económico, porque la desidia, la mala administración, el despilfarro y el incumplimiento de los planes lesionan las actitudes de los seres humanos que impulsan la carreta, con sus manos y pensamientos.
La presión social y difusión periodística contribuyen a colocar los valores en el sitio que les corresponde. El efecto concientizador requiere también el adecuado ejercicio de la autoridad, basado en la intolerancia con lo mal hecho, en el respeto a las normas y leyes establecidas, así como en la respuesta rápida a los reclamos del demandante. Urge también, a la luz de los cambios, eliminar trámites supervivientes de etapas precedentes. Suprimir plantas parasitarias, limpiar el terreno y cerrar las vías al actuar disolvente de quienes eluden el cabal cumplimiento de sus obligaciones.
Presión social y estricta obediencia de la ley han de articularse y andar juntas con el propósito de involucrar a los ciudadanos en la defensa de principios de beneficio común. El puente tendido entre ambas fortalece la imprescindible interdependencia entre control institucional y social.
Para sobrevivir, nuestra especie tuvo la necesidad de agruparse. Las costumbres se hicieron normas de conductas. Con el transcurso del tiempo, las necesidades se multiplicaron. El cuerpo social más complejo demandó la instauración de leyes.
Los griegos dieron nombre al arte y la ciencia de gobernar. Lo llamaron política. Con el andar de los siglos, arribamos a una contemporaneidad que entrelaza nuestro quehacer cotidiano con las grandes conmociones planetarias. Consecuencia de ese proceso, la palabra política ha extendido su alcance y sus significados. Concierne a los conflictos derivados de la imposición de un poder hegemónico y a aquellos otros, aparentemente de menor cuantía, que perturban la existencia del ciudadano común. Estos últimos no pueden minimizarse. Socavan la confianza en la vía institucional y, más grave aún, vulneran la razón de ser de un proyecto social orientado a la conquista de espacios crecientes de justicia.
Porque llega a tocar zonas sensibles de nuestra existencia concreta, la política concierne a todos. Importa entender el diseño de las estrategias y los conceptos que las animan. Interesa saber la marcha de los acontecimientos que habrán de repercutir en nosotros. Para no caer en abstracciones, las ideas generales toman cuerpo en el barrio, en la escuela, en la guagua, en la oficina de trámites. Desde el actuar en la base, se edifica el compromiso con el proyecto grande, la batalla por el mejoramiento de la que todos hemos de sentirnos partícipes.
(Tomado de Juventud Rebelde)
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