lunes, 27 de agosto de 2018

Después no le echen la culpa al río

La improvisación al derrumbar un puente provisional entre las riberas este y oeste del Toa, tras la terminación de un nuevo viaducto por encima del río más caudaloso de Cuba, constituye una seria agresión al medio ambiente, la economía y las comunidades de la zona

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BARACOA, Guantánamo.— La retroexcavadora introduce su metálico «hocico» una y otra vez en la masa de hormigón y rocas, que a lo largo de más de 200 metros conforma el paso a nivel al pie del nuevo puente sobre el río Toa.
Integrantes de la brigada No. 4 del Ministerio de la Construcción en Baracoa se afanan, con el ruidoso aparato, en no dejar rastros de esa obra construida provisionalmente mientras se ejecutaba la nueva pasarela encima de la corriente de agua dulce más caudalosa de Cuba.
Empapado de sudor o de lluvia que no cesa por esos predios, el esfuerzo de esos trabajadores pudiera ser completamente estimable, pero no…

Palabras son palabras

Es cerca del mediodía del miércoles 22 de agosto cuando escucho con mucho ruido y a través de su celular, al ingeniero civil Abel Sánchez Lorez, intendente de Vialidad en Baracoa, la entidad inversionista de la obra en demolición. «Es un desastre lo que están haciendo aquí. Lo han roto todo de un viaje», me dice.
Al instante me precisa que está justo al pie del río cuya crecida en la madrugada del 5 de octubre de 2016, a causa de la furia del huracán Matthew, hizo sucumbir el puente que allí había, y por lo que se tuvo que construir otro recientemente, a cargo de especialistas venezolanos.
Desde el lugar en que él se encuentra está presenciando el desmadre de los constructores, mientras allí amenaza con caer tremendo aguacero. Me aclara, además, que el derrumbamiento en marcha fue inicialmente contratado por la empresa de Vialidad de la provincia de Holguín para ser ejecutado por constructores de ese territorio, hasta que se decidió sustituir esa fuerza por la local, a partir de los primeros días del presente mes.
«Todo marchaba bien. Se demolía por tramos, como establecen los términos del contrato, e inmediatamente se extraían los escombros, y se tenía el cuidado de conservar algunos elementos que se previó recuperar y utilizar en la construcción de las alcantarillas de la carretera en ejecución entre Baracoa y el municipio holguinero de Moa.
«Le hablo, periodista, de 200 tubos de 1 200 centímetros de diámetro, y de 105 cajones de hormigón de cuatro metros por los cuatro costados. Pero ahora mismo lo están desbaratando todo y dejando los restos dentro del río.
«Advertí que estaban procediendo mal, pero han continuado trabajando sin tarea técnica, que en este caso nos correspondería a nosotros establecerlas, así que no media contrato alguno con esta nueva agrupación, como debió ser.
Sánchez Lorez abunda que él mantiene contacto permanente con el especialista del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) aquí, porque se está violando el cumplimiento de medidas recogidas en la licencia ambiental otorgada por ese organismo. Lo que está pasando ahora mismo no tiene nada que ver con sanear el entorno una vez concluido el nuevo puente. Se está contaminando el río.

¿Y su palabra es la ley?

Santiago Quintero Osorio, director de la Unidad Básica No. 4 del Ministerio de la Construcción en Baracoa, a cargo de la demolición, confirma que, en efecto, no se está cumpliendo lo pactado con anterioridad, pues hasta el miércoles habían reducido a escombros el 98 por ciento de la estructura de hormigón y no han entrado en acción todavía los dos buldóceres y los ocho camiones previstos para la extracción y acarreo de los escombros.
Una pudiera dudar de que estén esperando una fuerte crecida del río, que ocurre frecuentemente y ¡de qué manera!, para que arrastre todo sin mucho esfuerzo y poca responsabilidad. Sin embargo, al exponer mi sospecha, el jefe de la brigada constructora asegura que está previsto terminar todo este fin de semana, con la entrada de los medios que faltan para completar el trabajo.
Y eso también corrobora que no hacen las cosas según los requerimientos del contrato que, acordado con otra fuerza para realizar por trechos cortos y casi simultáneamente con la demolición, establece la manera de proceder a partir de las consideraciones especializadas, con criterios de expertos en medio ambiente, y en protección de la economía y la población.
Pero el directivo de la Construcción no parece estar al tanto de lo que significa demoler en el cauce de un río, en una cuenca de interés nacional que es parte de la reserva de la biosfera Cuchillas del Toa. Estos valores siguen siendo subestimados una y otra vez.
«El requisito que nos toca cumplir es demoler. La forma de hacerlo es muy de nosotros, y que digan que está mal o bien hecho es cuestión de que siempre la gente opina de todo. Lo que sí está claro para nosotros es que ahora mismo lo que toca es derrumbarlo del todo. Y lo estamos haciendo. Después veremos lo demás», reiteró.

Lo que puede venir

Según explica el máster Ricardo Suárez Bustamante, especialista municipal del Citma en Baracoa, lo que puede pasar es que, tanto la acumulación de escombros como los rellenos y restos del puente derribado al paso del huracán Matthew, que permanecen aún en el cauce del río durante casi dos meses después de terminado el nuevo puente, impidan o no faciliten el restablecimiento del ecosistema fluvial, afectado ya con la necesaria construcción del viaducto recientemente concluido.
«Es importante señalar que la fauna del Toa puede verse dañada si no se sanea el área, pues se interrumpe el arribo de alevines que, luego de nacer en el mar, se introducen nuevamente por la desembocadura de los ríos hasta que se hacen adultos», añade.
«Por ejemplo, la anguila, el tetí, el robalo, la lisa y la mojarra, entre otras especies, cuando están gestadas van al mar a desovar, y sus pececillos suben al río para hacer su vida. Entonces pueden encontrar barreras y morir en el intento por encontrar su medio.
«Pero además, al no cumplirse con lo que tantas veces se ha discutido e indicado en reuniones, sobre la necesidad de que una vez terminada la obra se procediera a limpiar el área, se corre el riesgo de que tal acumulación provoque un desastre que afectaría a la economía y a la población del entorno», comenta el investigador.
El especialista del Citma reitera que todo ello se contrapone a lo concebido en el Plan de Reducción de Desastres del municipio y en la Tarea Vida, los cuales dejan claro el accionar que se requiere para enfrentar el impacto del cambio climático, que se visualiza con el incremento y la intensidad de huracanes y otros eventos hidrometeorológicos extremos.
«Se puede crear un dique de palizadas y todo lo que esté aguas abajo corre peligro de inundación, sobre todo ahora que comienza la temporada lluviosa más prolongada (septiembre-febrero)», opina Suárez Bustamante.
«A ello hay que agregar que se interrumpe la deposición y acarreo de sedimentos que alimentan al tibaracón del río Toa, uno de los más emblemáticos de los seis de carácter permanente que existen en el municipio, que ya siente el impacto ambiental negativo por las extracciones furtivas de arena, que han ejecutado no pocas personas naturales y jurídicas en los últimos tiempos», reitera el especialista.
Al advertir sobre esos peligros, el experto señala que «los tibaracones —entendidos como deltas lineales o barras acumulativas de arena, localizados entre la orilla norte de los ríos y el rompiente del oleaje del mar—, atenúan las penetraciones del mar en los ecosistemas costeros y la intrusión salina, para que no se salinicen el suelo ni las aguas superficiales y subterráneas, lo que de ser repentino o súbito conduce a que la biodiversidad transite por nuevos procesos adaptativos.
«Por ser ecosistemas muy frágiles, esas agresiones, como la que está sucediendo, aceleran el impacto del cambio climático y propician modificaciones en la dinámica costera. Donde existe hoy una playa, mañana puede formarse una bahía, por ejemplo».
De lo que se trata es de concertar esfuerzos, por una parte para que nadie sude en vano la camisa, pero sobre todo para que pueda resolverse un dilema que no es solo asunto de inversionistas, constructores y especialistas medioambientales.
En la solución de ese problema debiera tomar parte también, —porque le toca de oficio, según lo estipula la Ley 24 de las Aguas Terrestres, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional del Poder Popular— el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Y el Gobierno local, al cual a tenor de ese mismo cuerpo legal le corresponde cumplir la ley y exigir que sus organismos subordinados también la cumplan. Se evitarían así estos peligrosos desencuentros, que siempre son un remedio peor que la enfermedad.
TOMADO DE JUVENTID REBELDE

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