Como si se tratara de un
corrientazo, el intento de magnicidio en la tarde del 4 de agosto, con
la evidente carga traumática que encarna un hecho de esa naturaleza,
parece habernos devuelto la conciencia de lugar en esta hora crítica de
la historia patria. Donde nos estamos jugando la vida, también en la
propia vida de Maduro.
Ante la magnitud de la explosión, la transmisión en cadena nacional fue suspendida, los efectivos presentes reaccionaron con maniobras de repliegue y los protocolos de seguridad para resguardar la vida del jefe de Estado fueron debidamente activados.
Minutos después, ante la confusión generada, el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado y que el presidente Maduro y los altos funcionarios civilies y militares del Estado venezolano que estaban en la tarima, salieron ilesos. Siete efectivos militares resultaron heridos por las explosiones, los cuales ya reciben cuidados médicos.
Según versiones policiales, donde los drones cayeron luego de la explosión se constató la existencia de material explosivo. Fuentes “extraoficiales” relatadas por un periodista opositor, de nombre Román Camacho, recalcaron que los artefactos contenían explosivos C4.
Minutos después, un grupo denominando “Soldados de Franelas”, vinculado al extinto grupo paramilitar del ex Cicpc, Óscar Pérez, que a finales del año pasado realizó varios atentados armados a instituciones civiles y militares con el país, se adjudicó el atentado por redes sociales.
Este reconocimiento anuló la narrativa del “autoatentado” o de “una explosión aislada” en un edificio aledaño a la avenida Bolívar, que algunos operadores en redes sociales y medios internacionales, como Associated Press, habían tratado de instalar para distraer la atención y encubrir responsabilidades.
La célula encabezada por Pérez fue desmantelada mediante un fuerte enfrentamiento con las fuerzas de seguridad a principios de este mismo año muy cerca a la capital venezolana, específicamente en El Junquito. Sin embargo, la vuelta a la escena de uno de sus remanentes, indica que la carta paramilitar contra Venezuela también sigue sobre el tablero.
Al final de la noche, el presidente Nicolás Maduro compareció ante el país, relató lo ocurrido y destacó que los autores materiales del atentado están detenidos. Las primeras pesquisas, según el jefe de Estado, arrojan la vinculación del eje Bogotá-Miami, del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de operadores radicados en La Florida.
Se celebraba el aniversario de la GNB, cuerpo militar encargado del orden interno que en la revolución de color del año pasado fue clave en neutralizar el avance paramilitar de la guarimba y su infraestructura logística.
Atacar justo en ese acto y no en otro al Presidente, llevaba consigo el correlato simbólico de exhibir al cuerpo castrense como vulnerable y sin capacidad de respuesta, lo que debía servir para reflotar en el discurso público, mediante un acto de conmoción (fallido) a gran escala, el clima de confrontación violenta desarticulado por la Asamblea Nacional Constituyente hace un año.
Pero el atentado falló, y en consecuencia lo que tenía que desencadenarse si lograba su objetivo de afectar la vida del Presidente: la acumulación de una “masa crítica” vía propaganda para propiciar el caos, aprovechar la situación para generalizar una retórica del alzamiento propagada desde poderes externos y “resolver” el “vacío de autoridad” con una medida de fuerza externa (militar, probablemente), o al menos plantearla, como único mecanismo para “estabilizar” la nación e imponerle la banda presidencial a los múltiples próximos presidentes de Venezuela que aguardan gobernar.
Sólo pensando en lo peor, y en lo que ayer fue lo más probable, podemos agarrar dimensión de la zona de peligro extremo en la que acabamos de entrar.
Un dato simbólico no menor: en el acto se encontraba el jefe de Estado, el alto mando militar y los representantes de los poderes públicos venezolanos. En un mismo palco, la síntesis material, humana, de los elementos constitutivos del Estado venezolano. En esa selección del momento, el intento de magnicidio plasmó su planteamiento de fondo: matar al Estado y a los cuerpos físicos que representan todavía la delgada frontera entre la paz y la guerra.
La avenida Bolívar contempla un conjunto de atributos (espacio abierto, edificios de altura en sus adyacencias, etc.) que dieron un sentido de oportunidad para realizar el atentado, en tanto la manipulación de los drones explosivos podía llegar al objetivo sobreexplotando algunas debilidades en la seguridad.
Sin embargo, que haya sido en medio de una cadena de radio y televisión describe la intención de imprimirle cierta lógica del espectáculo al hecho funcional a eternizar en el imaginario colectivo un precedente mortal para la historia contemporánea del país. No sólo buscaban matarlo, sino que fuera un hecho espectacular, mediatizado y en cadena nacional.
En la política, a veces el lenguaje corporal dice más que los discursos. Y en ese renglón el presidente Maduro entra a la historia precisamente por su conducta en una situación en definitiva extrema: en el momento de la explosión, se le vio inalterable, tranquilo, incluso con disposición a continuar el discurso con la muerte en frente.
Si este momento sirve como precedente para internalizar hasta dónde están dispuestos a llegar los operadores de la guerra contra Venezuela, también es útil para ver la determinación de Maduro y su fortaleza justo cuando la muerte truena.
Es desde ese plan de bombardear el Palacio de Miraflores y asesinar al presidente Maduro que, hasta la actualidad, puede observarse una mutación operativa, una ampliación en las capacidades y una profesionalización en los métodos, que viene aumentando su presencia en la vida política del país.
Muestra de ello no fue sólo el grado de preparación en guerra urbana en los operadores de las guarimbas de 2014 y 2017, sino la emergencia de una versión criolla del Estado Islámico, caso Óscar Pérez y su célula, con un sentido sofisticado y selectivo de la violencia irregular. Sus ataques a instituciones civiles y militares así lo demostraron.
Desde los sucesos en la finca Daktarí en el año 2004 en adelante, pasando por todos los planes de magnicidio desmantelados por el aparato de seguridad venezolano, hasta llegar a Óscar Pérez, la huella del paramilitarismo colombiano está presente. Y lo que se ve con mayor nitidez, en términos de retrospectiva, es un cambio en sus formas de ejecución, pero también en la selección de sus focos.
Al no tener en el escenario actual las condiciones que propicien una guerra abierta bajo la coordenada colombiana, el tratamiento o la forma de llegar al objetivo se adapta.
Y la prueba material de esa tecnificación es precisamente el uso de un dron artillado. Este mecanismo representa una de las mortales innovaciones dentro de los recursos bélicos del Estado Islámico, debido a las ventajas tácticas y financieras que implica para matar con mayor nivel de efectividad.
Este mecanismo, a su vez, ha sido importado y adaptado por el mundo del narcotráfico, siendo el mexicano el que lo ha instrumentalizado con mayor nivel de visibilidad.
El uso de este instrumento, más que describir un nivel de experticia y preparación relacionado a un tipo de violencia profesionalizada, pone las trazas de la operación en operadores paramilitares que sirven como canal de importación de las novedades del terrorismo.
Justo allí donde lo anecdótico se vuelve estratégico, y un susto como el de ayer en síntoma de algo más grave: el fenómeno paramilitar como una estrategia para alterar la naturaleza pacífica y democrática de la población venezolana. La expansión del Estado fallido colombiano también se narra por ahí.
Bogotá-Miami: el centro de operaciones
Un reportaje del medio especializado en finanzas Bloomberg, publicado el mes de junio, ratificó lo que sabemos desde el Golpe Azul: Colombia ha servido como base de operación, financiamiento y coordinación de planes golpistas (y magnicidas) contra Venezuela.
Esta vez se llamaba “Operación Constitución” y había sido planificada en Bogotá, con respaldo de financieros y militares colombianos. El objetivo era secuestrar a Maduro y llevarlo a juicio, aunque no dice ante cuál instancia. Con sólo tener dos dedos de frente, se puede decir que sería el “Tribunal Supremo en el exilio”, el cual utiliza el Congreso colombiano para sala de reuniones y específicamente para “enjuiciar a Maduro”.
El paisaje que se ha venido dibujando en 2018 es uno donde los altos funcionarios estadounidenses y colombianos presionan abiertamente para intentar forzar un golpe de Estado en Venezuela, promocionándolo unas veces como forma de amnistía, y otras como un medio para “restituir la democracia” que la oposición venezolana no pudo.
La publicación de Bloomberg describe con nitidez el papel del gobierno colombiano en la planificación y coordinación de esta estrategia, pero también certifica, con igual nivel de claridad, su respaldo en lo que a la guerra en términos generales contra Venezuela concierne (contrabando, ataque a la moneda, paramilitarismo, etc.).
La siguiente secuencia habla por sí sola: luego de permanecer callado por meses, el autoexiliado Julio Borges, de quien sabemos que no le hace el feo cuando golpes de Estado se trata, resucitó en redes sociales para predecir que la caída de Maduro estaba cerca. Al unísono, el presidente Juan Manuel Santos también alertó que el fin de Maduro era inminente.
Dos pruebas irrefutables de algún tipo de involucramiento, o al menos conocimiento de causa, de un tipo de respaldo público con premeditación, con respecto a lo que sucedió ayer, pues sólo un intento de magnicidio es lo más parecido a sus profecías.
Ambos discursos, así como el reportaje de Bloomberg y los intensos llamados de funcionarios estadounidenses dirigidos al estamento militar venezolano en todo 2018, deben visualizarse, también, como maniobras de ablandamiento a la opinión pública, del imaginario colectivo, con el objetivo de obligar a la población a naturalizar una salida violenta o un hecho de conmoción en el corto plazo.
Preparar el cerebro del país para aceptar que algo trágico está por venir, viene acompañado, en este caso, por una estrategia de consentimiento forzado, artificial, donde la gente acepta una desgracia como algo lógico y ya predicho.
El presidente Maduro también señaló al estado de La Florida, cuna de los sancionadores crónicos de Venezuela (Marco Rubio, Ileana Ros, etc.), pero también de operadores de guerra sucia que se autoexiliaron allá. Como es el caso de José Antonio Colina, protegido por Marco Rubio y animador de la diáspora en Miami, que se hizo famoso por colocar bombas en la embajada de España y el CNE en 2003, y más recientemente por enviar implementos para dotar a los grupos violentos que protagonizaron las guarimbas.
El plan de recuperación económica: el acelerante
El plan de recuperación económica diseñado por el presidente Maduro y su equipo de gobierno ha sido una estrategia presentada como integral para atacar los focos sensibles de la guerra económica y devolverle al país la estabilidad.
El plan implica un reordenamiento de la política monetaria y cambiaria, una reorganización del subsidio a la gasolina y una despenalización (mediante la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios) en el mercado de divisas para restarle influencia a los indicadores del dólar paralelo en la formación del sistema de precios.
Estas medidas dibujan un mapa de intereses económicos que se verán afectados, sobre todo en lo que corresponde a la gasolina. Y eso sí que es un asunto estrictamente binacional.
Regiones importantes del oriente colombiano, sus élites políticas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, incluso su tejido económico y empresarial, dependen del saqueo a los combustibles venezolanos para mantener un estado artificioso de soberanía económica que no es tal.
Lo que está en juego con las medidas planteadas por Maduro no sólo es un cambio en las reglas en el juego, que podría inhabilitar focos sensibles de la guerra económica, o lo que es lo mismo, la pérdida total de capital político de la oposición y Estados Unidos, sino la propia subsistencia primaria de un sistema paraeconómico que al otro lado de la frontera vive del canibalismo de nuestros combustibles.
Ciertamente, ese factor apuntala aún más el involucramiento del lado colombiano, pues el cambio que pueden vivir esas regiones producto de la regularización sobre el comercio de gasolina le impone un nuevo foco de estabilidad, por estrenarse, al gobierno colombiano, que posiciona como una política de Estado derrocar a Maduro para mantener el orden actual de las cosas.
La zona de peligro estratégico y la etapa de conflicto post-sanciones económicas
Si lo vemos en perspectiva, en términos formales, puramente legales y políticos, Estados Unidos, el gran operador de la guerra contra Venezuela, ya tocó sus propios límites.
Avanzar por la vía de las sanciones implica fortalecer a Maduro, según sus propios think-tanks, o propiciar un conflicto con inversionistas y empresas con intereses en mantener relaciones tolerables con Venezuela. Avanzar por la vía militar tampoco es una opción en las condiciones actuales, razón por la cual se acentúa la tercerización de las operaciones contra la economía y la seguridad de Venezuela desde Colombia, bajo mecanismos paramilitares, diplomáticos, comerciales y financieros.
A nivel internacional, la OEA está fatigada del tema Venezuela (al igual que el Grupo de Lima) y resolver la situación llevando a Maduro al Tribunal Supremo en el exilio o la Corte Penal Internacional, no tiene todavía el nivel de maduración necesario para interrumpir el plan económico de recuperación. Hablando de la oposición interna, sucede la misma deriva: un país con múltiples conflictos no los ve como una referencia.
Entonces parecemos entrar irrefrenablemente a una zona de peligro que tiene a las sanciones como puntos de negociación y arietes de desmantelamiento económico, pero no como desenlace en sí mismo, más allá de que sea permanente la búsqueda por hacer coincidir el caos que genera el bloqueo financiero con una nueva modalidad de violencia que le dé algún saldo político a la oposición. Y en ese sentido, Colombia, esperando el nuevo gobierno de Iván Duque, quiere asumir el liderazgo que a lo interno colapsó.
El poder formal ya avanzó hasta donde le marcan los límites de la legalidad, lo que hace de la zona de peligro estratégica un escenario donde los ataques por venir estarán orientados a la criminalidad, a los asesinatos políticos, al recrudecimiento del colapso económico, y a las demás variantes que ofrece la guerra sucia y las jugadas extrapolíticas.
La imagen del atentado fue consistente y sintetiza el nuevo escenario de recrudecimiento iniciado después del 20 de mayo, aquel donde se le imprime a la situación venezolana un sentido de inseguridad total, donde toda la vida (política, institucional, económica, humana) de la sociedad está en riesgo, suspendida en cuanto a derechos constitucionalmente consagrados, en cuanto a lo que políticamente se ha conquistado; donde, también, las nuevas modalidades de muerte social implantadas contra Venezuela, mediante el bloqueo financiero (entre otros crímenes), plantean hacerse masivas y naturales a nuestro metabolismo social.
Y si el plan de recuperación económica busca frenar ese proceso, entonces hay que socavarlo. Y si las sanciones y la presión internacional no pueden, si no podemos colocar a la población en contra, entonces hay que matar al líder. Ese es el razonamiento que los llevó a asesinar a Patrice Lumumba, Martín Torrijos, y tantos otros. Si no puedo controlarte, te mato.
Y matar, en esos términos, implica, por sobre todas las cosas, fracturar una sociedad, romperla para siempre. Eso buscaban ayer, y nuevamente no pudieron.
(Tomado de Misión Verdad, publicado el 5 de agosto de 2018)
Publicado en Cubadebate
El mandatario encabezaba un acto en la avenida Bolívar en Caracas, por los 81 años de fundación de la GNB. Foto: Telesur.
Los hechos ya conocidos de la operación
En medio de una multitudinaria actividad en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, a propósito del 81 aniversario del nacimiento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dos drones cargados con material explosivo estallaron cerca de la tarima presidencial, cuando el primer mandatario nacional se disponía a cerrar su discurso frente a los presentes.Ante la magnitud de la explosión, la transmisión en cadena nacional fue suspendida, los efectivos presentes reaccionaron con maniobras de repliegue y los protocolos de seguridad para resguardar la vida del jefe de Estado fueron debidamente activados.
Minutos después, ante la confusión generada, el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado y que el presidente Maduro y los altos funcionarios civilies y militares del Estado venezolano que estaban en la tarima, salieron ilesos. Siete efectivos militares resultaron heridos por las explosiones, los cuales ya reciben cuidados médicos.
Según versiones policiales, donde los drones cayeron luego de la explosión se constató la existencia de material explosivo. Fuentes “extraoficiales” relatadas por un periodista opositor, de nombre Román Camacho, recalcaron que los artefactos contenían explosivos C4.
Minutos después, un grupo denominando “Soldados de Franelas”, vinculado al extinto grupo paramilitar del ex Cicpc, Óscar Pérez, que a finales del año pasado realizó varios atentados armados a instituciones civiles y militares con el país, se adjudicó el atentado por redes sociales.
Este reconocimiento anuló la narrativa del “autoatentado” o de “una explosión aislada” en un edificio aledaño a la avenida Bolívar, que algunos operadores en redes sociales y medios internacionales, como Associated Press, habían tratado de instalar para distraer la atención y encubrir responsabilidades.
La célula encabezada por Pérez fue desmantelada mediante un fuerte enfrentamiento con las fuerzas de seguridad a principios de este mismo año muy cerca a la capital venezolana, específicamente en El Junquito. Sin embargo, la vuelta a la escena de uno de sus remanentes, indica que la carta paramilitar contra Venezuela también sigue sobre el tablero.
Al final de la noche, el presidente Nicolás Maduro compareció ante el país, relató lo ocurrido y destacó que los autores materiales del atentado están detenidos. Las primeras pesquisas, según el jefe de Estado, arrojan la vinculación del eje Bogotá-Miami, del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de operadores radicados en La Florida.
Los aspectos simbólicos y materiales: selección del momento, lenguaje corporal y lógica del espectáculo
El intento de magnicidio mostró, también, una carga de violencia simbólica específica, dirigida a entidades políticas sensibles a la estabilidad del país y al Estado en general. La naturaleza del evento que se daba en la avenida Bolívar, como quienes integraban la tarima presidencial, a su vez describe la selección de un momento específico para llevar a cabo la operación.Se celebraba el aniversario de la GNB, cuerpo militar encargado del orden interno que en la revolución de color del año pasado fue clave en neutralizar el avance paramilitar de la guarimba y su infraestructura logística.
Atacar justo en ese acto y no en otro al Presidente, llevaba consigo el correlato simbólico de exhibir al cuerpo castrense como vulnerable y sin capacidad de respuesta, lo que debía servir para reflotar en el discurso público, mediante un acto de conmoción (fallido) a gran escala, el clima de confrontación violenta desarticulado por la Asamblea Nacional Constituyente hace un año.
Pero el atentado falló, y en consecuencia lo que tenía que desencadenarse si lograba su objetivo de afectar la vida del Presidente: la acumulación de una “masa crítica” vía propaganda para propiciar el caos, aprovechar la situación para generalizar una retórica del alzamiento propagada desde poderes externos y “resolver” el “vacío de autoridad” con una medida de fuerza externa (militar, probablemente), o al menos plantearla, como único mecanismo para “estabilizar” la nación e imponerle la banda presidencial a los múltiples próximos presidentes de Venezuela que aguardan gobernar.
Sólo pensando en lo peor, y en lo que ayer fue lo más probable, podemos agarrar dimensión de la zona de peligro extremo en la que acabamos de entrar.
Un dato simbólico no menor: en el acto se encontraba el jefe de Estado, el alto mando militar y los representantes de los poderes públicos venezolanos. En un mismo palco, la síntesis material, humana, de los elementos constitutivos del Estado venezolano. En esa selección del momento, el intento de magnicidio plasmó su planteamiento de fondo: matar al Estado y a los cuerpos físicos que representan todavía la delgada frontera entre la paz y la guerra.
La avenida Bolívar contempla un conjunto de atributos (espacio abierto, edificios de altura en sus adyacencias, etc.) que dieron un sentido de oportunidad para realizar el atentado, en tanto la manipulación de los drones explosivos podía llegar al objetivo sobreexplotando algunas debilidades en la seguridad.
Sin embargo, que haya sido en medio de una cadena de radio y televisión describe la intención de imprimirle cierta lógica del espectáculo al hecho funcional a eternizar en el imaginario colectivo un precedente mortal para la historia contemporánea del país. No sólo buscaban matarlo, sino que fuera un hecho espectacular, mediatizado y en cadena nacional.
En la política, a veces el lenguaje corporal dice más que los discursos. Y en ese renglón el presidente Maduro entra a la historia precisamente por su conducta en una situación en definitiva extrema: en el momento de la explosión, se le vio inalterable, tranquilo, incluso con disposición a continuar el discurso con la muerte en frente.
Si este momento sirve como precedente para internalizar hasta dónde están dispuestos a llegar los operadores de la guerra contra Venezuela, también es útil para ver la determinación de Maduro y su fortaleza justo cuando la muerte truena.
Paramilitarización de la política, tecnificación de la violencia y los saltos cualitativos desde el Golpe Azul
Es con el Golpe Azul (fallido) que se introduce con mayor nitidez en la política venezolana un tipo de violencia política donde el factor armado juega un papel central. Es allí donde comenzó a encontrar puntos de convergencia la conspiración interna en el mundo castrense (patrocinada desde el extranjero), el espectro más demente de la oposición venezolana y el suministro financiero estadounidense y colombiano hacia agendas antipolíticas. Allí se destacaron Julio Borges y Antonio Ledezma como operadores de guerra sucia.Es desde ese plan de bombardear el Palacio de Miraflores y asesinar al presidente Maduro que, hasta la actualidad, puede observarse una mutación operativa, una ampliación en las capacidades y una profesionalización en los métodos, que viene aumentando su presencia en la vida política del país.
Muestra de ello no fue sólo el grado de preparación en guerra urbana en los operadores de las guarimbas de 2014 y 2017, sino la emergencia de una versión criolla del Estado Islámico, caso Óscar Pérez y su célula, con un sentido sofisticado y selectivo de la violencia irregular. Sus ataques a instituciones civiles y militares así lo demostraron.
Desde los sucesos en la finca Daktarí en el año 2004 en adelante, pasando por todos los planes de magnicidio desmantelados por el aparato de seguridad venezolano, hasta llegar a Óscar Pérez, la huella del paramilitarismo colombiano está presente. Y lo que se ve con mayor nitidez, en términos de retrospectiva, es un cambio en sus formas de ejecución, pero también en la selección de sus focos.
Al no tener en el escenario actual las condiciones que propicien una guerra abierta bajo la coordenada colombiana, el tratamiento o la forma de llegar al objetivo se adapta.
Y la prueba material de esa tecnificación es precisamente el uso de un dron artillado. Este mecanismo representa una de las mortales innovaciones dentro de los recursos bélicos del Estado Islámico, debido a las ventajas tácticas y financieras que implica para matar con mayor nivel de efectividad.
Este mecanismo, a su vez, ha sido importado y adaptado por el mundo del narcotráfico, siendo el mexicano el que lo ha instrumentalizado con mayor nivel de visibilidad.
El uso de este instrumento, más que describir un nivel de experticia y preparación relacionado a un tipo de violencia profesionalizada, pone las trazas de la operación en operadores paramilitares que sirven como canal de importación de las novedades del terrorismo.
Justo allí donde lo anecdótico se vuelve estratégico, y un susto como el de ayer en síntoma de algo más grave: el fenómeno paramilitar como una estrategia para alterar la naturaleza pacífica y democrática de la población venezolana. La expansión del Estado fallido colombiano también se narra por ahí.
Bogotá-Miami: el centro de operaciones
Un reportaje del medio especializado en finanzas Bloomberg, publicado el mes de junio, ratificó lo que sabemos desde el Golpe Azul: Colombia ha servido como base de operación, financiamiento y coordinación de planes golpistas (y magnicidas) contra Venezuela.
Esta vez se llamaba “Operación Constitución” y había sido planificada en Bogotá, con respaldo de financieros y militares colombianos. El objetivo era secuestrar a Maduro y llevarlo a juicio, aunque no dice ante cuál instancia. Con sólo tener dos dedos de frente, se puede decir que sería el “Tribunal Supremo en el exilio”, el cual utiliza el Congreso colombiano para sala de reuniones y específicamente para “enjuiciar a Maduro”.
El paisaje que se ha venido dibujando en 2018 es uno donde los altos funcionarios estadounidenses y colombianos presionan abiertamente para intentar forzar un golpe de Estado en Venezuela, promocionándolo unas veces como forma de amnistía, y otras como un medio para “restituir la democracia” que la oposición venezolana no pudo.
La publicación de Bloomberg describe con nitidez el papel del gobierno colombiano en la planificación y coordinación de esta estrategia, pero también certifica, con igual nivel de claridad, su respaldo en lo que a la guerra en términos generales contra Venezuela concierne (contrabando, ataque a la moneda, paramilitarismo, etc.).
La siguiente secuencia habla por sí sola: luego de permanecer callado por meses, el autoexiliado Julio Borges, de quien sabemos que no le hace el feo cuando golpes de Estado se trata, resucitó en redes sociales para predecir que la caída de Maduro estaba cerca. Al unísono, el presidente Juan Manuel Santos también alertó que el fin de Maduro era inminente.
Dos pruebas irrefutables de algún tipo de involucramiento, o al menos conocimiento de causa, de un tipo de respaldo público con premeditación, con respecto a lo que sucedió ayer, pues sólo un intento de magnicidio es lo más parecido a sus profecías.
Ambos discursos, así como el reportaje de Bloomberg y los intensos llamados de funcionarios estadounidenses dirigidos al estamento militar venezolano en todo 2018, deben visualizarse, también, como maniobras de ablandamiento a la opinión pública, del imaginario colectivo, con el objetivo de obligar a la población a naturalizar una salida violenta o un hecho de conmoción en el corto plazo.
Preparar el cerebro del país para aceptar que algo trágico está por venir, viene acompañado, en este caso, por una estrategia de consentimiento forzado, artificial, donde la gente acepta una desgracia como algo lógico y ya predicho.
El presidente Maduro también señaló al estado de La Florida, cuna de los sancionadores crónicos de Venezuela (Marco Rubio, Ileana Ros, etc.), pero también de operadores de guerra sucia que se autoexiliaron allá. Como es el caso de José Antonio Colina, protegido por Marco Rubio y animador de la diáspora en Miami, que se hizo famoso por colocar bombas en la embajada de España y el CNE en 2003, y más recientemente por enviar implementos para dotar a los grupos violentos que protagonizaron las guarimbas.
El plan de recuperación económica: el acelerante
El plan de recuperación económica diseñado por el presidente Maduro y su equipo de gobierno ha sido una estrategia presentada como integral para atacar los focos sensibles de la guerra económica y devolverle al país la estabilidad.
El plan implica un reordenamiento de la política monetaria y cambiaria, una reorganización del subsidio a la gasolina y una despenalización (mediante la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios) en el mercado de divisas para restarle influencia a los indicadores del dólar paralelo en la formación del sistema de precios.
Estas medidas dibujan un mapa de intereses económicos que se verán afectados, sobre todo en lo que corresponde a la gasolina. Y eso sí que es un asunto estrictamente binacional.
Regiones importantes del oriente colombiano, sus élites políticas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, incluso su tejido económico y empresarial, dependen del saqueo a los combustibles venezolanos para mantener un estado artificioso de soberanía económica que no es tal.
Lo que está en juego con las medidas planteadas por Maduro no sólo es un cambio en las reglas en el juego, que podría inhabilitar focos sensibles de la guerra económica, o lo que es lo mismo, la pérdida total de capital político de la oposición y Estados Unidos, sino la propia subsistencia primaria de un sistema paraeconómico que al otro lado de la frontera vive del canibalismo de nuestros combustibles.
Ciertamente, ese factor apuntala aún más el involucramiento del lado colombiano, pues el cambio que pueden vivir esas regiones producto de la regularización sobre el comercio de gasolina le impone un nuevo foco de estabilidad, por estrenarse, al gobierno colombiano, que posiciona como una política de Estado derrocar a Maduro para mantener el orden actual de las cosas.
La zona de peligro estratégico y la etapa de conflicto post-sanciones económicas
Si lo vemos en perspectiva, en términos formales, puramente legales y políticos, Estados Unidos, el gran operador de la guerra contra Venezuela, ya tocó sus propios límites.
Avanzar por la vía de las sanciones implica fortalecer a Maduro, según sus propios think-tanks, o propiciar un conflicto con inversionistas y empresas con intereses en mantener relaciones tolerables con Venezuela. Avanzar por la vía militar tampoco es una opción en las condiciones actuales, razón por la cual se acentúa la tercerización de las operaciones contra la economía y la seguridad de Venezuela desde Colombia, bajo mecanismos paramilitares, diplomáticos, comerciales y financieros.
A nivel internacional, la OEA está fatigada del tema Venezuela (al igual que el Grupo de Lima) y resolver la situación llevando a Maduro al Tribunal Supremo en el exilio o la Corte Penal Internacional, no tiene todavía el nivel de maduración necesario para interrumpir el plan económico de recuperación. Hablando de la oposición interna, sucede la misma deriva: un país con múltiples conflictos no los ve como una referencia.
Entonces parecemos entrar irrefrenablemente a una zona de peligro que tiene a las sanciones como puntos de negociación y arietes de desmantelamiento económico, pero no como desenlace en sí mismo, más allá de que sea permanente la búsqueda por hacer coincidir el caos que genera el bloqueo financiero con una nueva modalidad de violencia que le dé algún saldo político a la oposición. Y en ese sentido, Colombia, esperando el nuevo gobierno de Iván Duque, quiere asumir el liderazgo que a lo interno colapsó.
El poder formal ya avanzó hasta donde le marcan los límites de la legalidad, lo que hace de la zona de peligro estratégica un escenario donde los ataques por venir estarán orientados a la criminalidad, a los asesinatos políticos, al recrudecimiento del colapso económico, y a las demás variantes que ofrece la guerra sucia y las jugadas extrapolíticas.
La imagen del atentado fue consistente y sintetiza el nuevo escenario de recrudecimiento iniciado después del 20 de mayo, aquel donde se le imprime a la situación venezolana un sentido de inseguridad total, donde toda la vida (política, institucional, económica, humana) de la sociedad está en riesgo, suspendida en cuanto a derechos constitucionalmente consagrados, en cuanto a lo que políticamente se ha conquistado; donde, también, las nuevas modalidades de muerte social implantadas contra Venezuela, mediante el bloqueo financiero (entre otros crímenes), plantean hacerse masivas y naturales a nuestro metabolismo social.
Y si el plan de recuperación económica busca frenar ese proceso, entonces hay que socavarlo. Y si las sanciones y la presión internacional no pueden, si no podemos colocar a la población en contra, entonces hay que matar al líder. Ese es el razonamiento que los llevó a asesinar a Patrice Lumumba, Martín Torrijos, y tantos otros. Si no puedo controlarte, te mato.
Y matar, en esos términos, implica, por sobre todas las cosas, fracturar una sociedad, romperla para siempre. Eso buscaban ayer, y nuevamente no pudieron.
(Tomado de Misión Verdad, publicado el 5 de agosto de 2018)
Publicado en Cubadebate
No hay comentarios.:
Publicar un comentario