Las
ilegalidades y violaciones urbanísticas son como la mala hierba en nuestros
campos: si no se atajan a tiempo y de manera sistemática, luego resulta en
extremo complicado, y hasta traumático, ponerles coto en cualquier localidad.
Ejemplos pueden
ponerse muchos: desde la proliferación de barrios ilegales en la periferia de
las ciudades y las modificaciones en viviendas sin la correspondiente
autorización hasta las construcciones de todo tipo adosadas a los edificios
multifamiliares.
A partir de un
inventario de ilegalidades presentes, tanto en el sector residencial como
estatal, las direcciones de Planificación Física, de conjunto con las
autoridades locales, han avanzado en su eliminación, pero lejos aún de los
resultados esperados.
Lo importante
es que, mientras se les da solución a las contravenciones ya controladas, no se
permita el surgimiento de nuevas violaciones y se enfrente el desorden, la
indisciplina y los intentos de transgredir impunemente, las normas
establecidas.
Para ello
fueron conformadas, a instancia de los gobiernos municipales, las comisiones de
enfrentamiento a las ilegalidades, órganos que agrupan a las entidades
encargadas de la respuesta oportuna, ágil y decidida a tales infracciones.
Se da el caso
de personas que, sin visto bueno alguno, levantan viviendas rústicas en áreas
insalubres, en las márgenes de los ríos o en zonas de protección de
aeropuertos, conductoras de agua, líneas de alta tensión y grandes industrias.
De hecho, otro
gallo cantaría si se actuara de manera resuelta cuando se pretende construir la
primera casa, pero no pocas veces se espera para encarar la situación cuando el
problema cobra magnitud y su solución se torna complicada en extremo.
Dicho con otras
palabras, se ha podido comprobar que en algunos territorios se conjuga una
mezcla negativa de pasividad, inercia, blandenguería e indolencia para rehuir
las responsabilidades a la hora de restablecer la legalidad quebrantada.
Algo parecido
sucede con los edificios multifamiliares: a través de la persuasión y la
motivación de los vecinos, comenzó a revertirse poco a poco el desorden
existente en sus predios, pero el ímpetu inicial ha cedido terreno para quedar
en acciones aisladas.
No se trata, en
este caso, de un problema menor: se cuentan por miles las construcciones de
este tipo en el país que vieron convertir su parte trasera en genuinos cuartos
de desahogo a la intemperie donde se coloca todo lo inservible.
En la medida en
que bajaron los niveles de exigencia y control, las personas armaron corrales,
levantaron cercas, sembraron conucos o construyeron locales adosados a los
edificios para habitaciones, cocinas, peluquerías u otros menesteres.
Cierto es que
no en todas las comunidades la situación es similar. Aquellas que muestran los
mejores resultados avanzaron edificio a edificio, calle a calle, hasta concluir
la higienización del territorio y el mejoramiento de sus espacios públicos y
áreas verdes.
Lo que no se
puede permitir, y aquí entran a jugar también los cuerpos de inspección, es que
cada quien trate de hacer lo que le venga en gana, según capricho, y no sujeto
a los requerimientos implícitos en los programas de ordenamiento territorial.
Se sabe que son
muchos, y complejos, los problemas acumulados en el país en asuntos de
vivienda, pero las soluciones no pueden ser anárquicas: nadie está autorizado a
levantar una casa por su libre albedrío en el lugar que se le ocurra.
Para alertar,
hacer entrar en razones y adoptar las medidas pertinentes están las comisiones
municipales de enfrentamiento a las ilegalidades, las que con su actuar
enérgico y sistemático están llamadas a restablecer el orden en materia
urbanística y lograr el propósito final de devolverle la vitalidad y belleza a
cada lugar.
(Tomado de Granma)
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