Más de diez mil personas llegadas desde distintos puntos de Brasil se reunieron frente a la sede de la Policía Federal, en Curitiba, en una vigilia que comenzó la jornada Lula Libre y en la que estuvieron presentes el excandidato presidencial Fernando Haddad, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, el senador Lindbergh Farias y representantes del sector cultural y de cientos de organizaciones políticas y sociales.
Además de reclamar la libertad de Lula, los brasileños se han manifestado contra los retrocesos sociales y económicos del presidente Jair Bolsonaro, que el miércoles cumplirá 100 días en el gobierno con una notable caída de popularidad.
En un sondeo de la firma Atlas Político realizado a inicios de mes, cuyos resultados fueron publicados este domingo, solo el 30.5 por ciento de los encuestados consideró óptima o buena su gestión frente a 38.7 en febrero. Para el 31.2 por ciento su gestión es mala y pésima para el 22.5, lo que totaliza 53.7 por ciento.
Desde que la democracia regresó a Brasil en 1985, el Gobierno de Bolsonaro es el peor calificado por los brasileños en el inicio de un primer mandato.
Además de Curitiba, ha habido congregaciones para exigir la libertad de Lula en Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia, así como en decenas de otras ciudades del país, según el portal de noticias Rede Brasil Atual.
También en ciudades de Francia, Argentina, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Holanda, España, Italia, Alemania, México, Portugal, Australia, Reino Unido, Uruguay y Austria.
A propósito de cumplirse un año de prisión de Lula, movimientos sociales, partidos políticos, activistas de los derechos humanos e intelectuales de todo el mundo han reclamado su liberación y denuncian el carácter político de la persecución judicial en su contra.
Lula da Silva, quien gobernó dos veces Brasil y dejó el cargo con un nivel de popularidad del 80 por ciento, se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 en Curitiba, donde cumple una condena de 12 años y un mes por cargos de corrupción y lavado de dinero, sin que se hayan presentado pruebas.
Más de 400 juristas brasileños congregados en la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil abogan por la libertad del expresidente, que señalan es “víctima de injusticia y violencia practicada por el Estado, al haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en un juicio parcial y sin pruebas”.
“No sirve de nada intentar acabar con mis ideas, ellas ya están flotando en el aire y no tienen cómo encarcelarlas. No sirve de nada intentar frenar mis sueños, porque cuando deje de soñar, yo soñaré a través de sus cabezas y de sus sueños”. Lula, 7 de abril de 2018, poco antes de entregarse a la policía en São Bernardo do Campo.En la carta publicada primeramente en el diario Folha de Sao Paulo y el portal digital de Lula, el expresidente de 73 años afirma: “Hace un año que estoy preso injustamente, acusado y condenado por un crimen que nunca existió. Cada día que pasé aquí hizo aumentar mi indignación, pero mantengo la fe en un juicio justo en que la verdad va a prevalecer. Puedo dormir con la conciencia tranquila de mi inocencia”.
“Nada han encontrado para incriminarme: ni conversaciones de bandidos, ni maletas de dinero, ni cuentas en el exterior. A pesar de todo, fui condenado en un plazo récord, por Sergio Moro y por el TRF-4, por ‘actos indeterminados’ sin que encontraran ninguna conexión entre el apartamento que nunca fue mío y supuestos desvíos de Petrobras”, recuerda.
“Los más renombrados juristas de Brasil y de otros países consideran absurda mi condena y apuntan a la parcialidad de (el juez) Sergio Moro, confirmada en la práctica cuando aceptó ser ministro de Justicia del presidente (Bolsonaro) que él ayudó a elegir con mi condena. Todo lo que quiero es que apunte una prueba siquiera contra mí”, reclama Lula.
Y apunta: “Lo que temen es la organización del pueblo que se identifica con nuestro proyecto de país. Temen tener que reconocer las arbitrariedades que cometieron para elegir a un presidente incapaz y que nos llena de vergüenza. Ellos saben que mi liberación es parte importante de la reanudación de la democracia en Brasil. Pero son incapaces de convivir con el proceso democrático”.
Sobre el actual gobierno, señala que “el desempleo aumentó, los programas sociales fueron vaciados, escuelas y hospitales perdieron dinero. Una política suicida implantada por Petrobras hizo el precio del gas de cocina prohibitivo para los pobres y llevó a la paralización de los camioneros. Quieren acabar con la jubilación de los ancianos y de los trabajadores rurales”.
Todo, explica Lula, comenzó con el golpe judicial contra la expresidenta Dilma Roussseff (2011-2016) en su segundo mandato.
“El golpe del impeachment sin crimen de responsabilidad fue contra el modelo de desarrollo con inclusión social que el país venía construyendo desde 2003. En 12 años creamos 20 millones de empleos, sacamos a 32 millones de personas de la miseria, multiplicamos el PIB por cinco. Abrimos la universidad para millones de excluidos. Vencimos el hambre”, destaca el líder de 73 años.
Y subraya: “Mi candidatura fue prohibida contrariando la ley electoral, la jurisprudencia y una determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar mis derechos políticos. Y, aún así, nuestro candidato Fernando Haddad tuvo expresivas votaciones y solo fue derrotado por la industria de mentiras de Bolsonaro en las redes sociales”.
El teólogo y escritor Frei Betto dio al diario La Tercera de Chile impresiones sobre sus visitas a Lula.
“La celda tiene 15 metros cuadrados. Tiene baño, una cama individual, un calentador de agua, aparatos de gimnasia, mueble para ropas y libros. Lula está leyendo mucho, sobre todo biografías y análisis políticos. Todos los jueves recibe la visita de familiares y también de amigos. Él me dijo que todas las tardes sigue la misa en la TV Aparecida, del santuario de la patrona de Brasil.
“Lula siempre ha sido muy apegado a la familia. Preso en 1980 por la dictadura militar, ésta permitió su presencia en el funeral de su madre. Ahora no lo autorizaron a ir al funeral de su hermano. Eso tuvo una repercusión tan negativa para el Poder Judicial y el gobierno de Bolsonaro, que al final permitieron su presencia junto al féretro de su nieto, bajo un fuerte esquema de seguridad.
“Está en una celda solitaria. No tiene contacto con ningún otro prisionero. Y se considera bien tratado por los agentes de la Policía Federal. Quienes lo tratan injustamente, con medidas coercitivas excepcionales, son los jueces de Lava Jato: restricciones de visitas, congelamiento de su renta bancaria, no autorización de acceso a internet o a TV cable, etc. Él me dijo al final de la visita, después que oramos y él recibió la eucaristía: ‘Betto, yo no cambio mi dignidad por mi libertad’”.
(Con información de La Tercera y agencias)
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